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Una cuota fija de 18 céntimos por coche: así funciona la tasa al gran comercio.

El Impuesto sobre las Grandes Establecimientos Comerciales que acaba de obtener el visto bueno de Bruselas a través de una sentencia favorable del Tribunal de Justicia de la UE amenaza con acomodarse en el debate político valenciano. Aunque desde la Conselleria de Economía, de Compromís, evitaron ayer valorar un gravamen que no figura en el pacto del Botànic, desde el partido de Mónica Oltra reconocen que el impuesto a las grandes superficies está desde ayer formalmente bajo análisis.

Fuentes de la formación señalan que en la actual infrafinanciación, los 15 millones que por ejemplo recauda Cataluña por este impuesto son una cantidad a considerar por la Generalitat. El partido valencianista va a considerar tanto su inclusión en el programa electoral para 2019 como una posible acción parlamentaria en los próximos meses. De ir adelante, este asunto podría generar otra patata caliente a los socios del Consell, como ya pasó con la tasa turística.

De hecho, cuando gobernaba el PP, Compromís ya presentó una proposición de ley para crear este impuesto, con el objetivo de financiar un fondo para la innovación del comercio. En aquel momento, febrero de 2014, Compromís obtuvo el respaldo de PSPV, aunque la mayoría del PP lo tumbó. Hoy ambos gobiernan en coalición.

El impacto en la C. Valenciana de un gravamen de estas características sería considerable. Solo las empresas que pertenecen a la patronal del gran comercio (Anged) tienen aproximadamente 850.000 metros cuadrados de superficie de venta. Se trata de los establecimientos de El Corte Inglés, Carrefour, Media Markt, etc. En global, el gran comercio se sitúa en torno a 1,93 millones de metros cuadrados, según la Oficina de Comercio de la Cámara de Comercio (Pateco), incluyendo los centros comerciales, galerías, hipermercados, etc.

En estos momentos, tres comunidades autónomas tienen un impuesto de estas características, pero su aplicación no es uniforme. En Cataluña, en 2016 cambio la forma de calcularlo. Hasta ese momento, se aplicaba a los establecimientos de más de 2.500 metros de superficie de venta. Se gravaba con 17 euros al año cada metro cuadrado, contando solo a partir de los 2.500 metros de espacio de venta. Si la tienda tiene 3.000 metros, se paga por los últimos 500.

Desde hace un año, sin embargo, la base imponible no en la superficie en sí misma sino en el número de vehículos que acuden a la gran superficie. Y es que el espíritu de la ley se centra en penalizar el daño medioambiental de estas concentraciones comerciales. Se aplican hoy 18 céntimos por cada vehículo que entra en el aparcamiento de la gran superficie. La Generalitat recaudó por este impuesto unos 15 millones en 2016.

Asturias es otra autonomía que lo aplica. En su caso, solo a los establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público igual o superior a 4.000 metros. En esta autonomía se grava la superficie destinada a aparcamiento de que dispone el gran establecimiento, siempre que sea igual al 50 % de superficie de venta, es decir, a partir de 2.000 m2. Su recaudación ronda los 8 millones anuales.

Finalmente, Aragón ingresa unos 6 millones por este concepto, que en su comunidad recibe el nombre de Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por Grandes Áreas de Venta. La autonomía crea una cuota fija que varía en función de la superficie de venta: va desde los 10.200 euros año a partir de 2.000 metros, a los 109.200 euros de establecimientos entre 5.000 y 10.000 metros, a los que se suma también otro cargo sobre su superficie de aparcamiento, almacén, oficinas, etcétera.