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Benidorm se queda sin la carretera que pedían para dotar de electricidad al centro comercial.

"En la defensa de los intereses generales". Así motiva el directo general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad su rechazo a ceder un tramo de la CV-70 que pedía el Ayuntamiento de Benidorm. Éste lo hacía pensando en el centro comercial, entre otros asuntos, ya que tal y como explicaron a Alicante Plaza en su momento, que fuera de titularidad municipal aceleraría los trámites para dotar de electricidad a estas instalaciones promovidas por la empresa francesa Unibail-Rodamco, que tiene previsto abrir en el primer trimestre de 2019.

Según indicó el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, cuando anunció esta solicitud, era una iniciativa que llevaban en su cabeza desde que entraron en el gobierno local, y lo pedían tras observar las conclusiones de los informes técnicos. 

Si bien es cierto que los informes técnicos no específicaban cuáles eran los beneficios para la ciudad, la realidad es que el máximo beneficiado será el centro comercial proyectado para la zona. El portavoz del gobierno, José Ramón González de Zárate, indicó en su momento que uno de los motivos principales era dotar de suministro eléctrico a la zona, saturada con los puntos de luz que tiene en la actualidad, lo que se agravaría con el nuevo edificio que albergará el PP 3.1, es decir, el polígono industrial en el que irá el nuevo centro comercial. 

Además, tienen pensado incluir por debajo de la carretera conductos y tuberías que tendrían también la misma función, en previsión de que se pueda seguir desarrollando la zona, más allá de la infraestructura comercial.

De esta manera, querían que todos los movimientos que vayan a hacer por la zona no dependan de los trámites del Consell, y exponerse así a agotar plazos y demorar el tiempo con otras administraciones.

Pero la Generalitat lo tiene claro, "la principal función de la red básica de carreteras de la Comunitat Valenciana y, en concreto, de la carretera CV-70, es servir de soporte a la integración del territorio, favoreciendo la accesibilidad y la vertebración de los distintos municipios y comarcas", reza el escrito.

Por lo que explican que sólo si este tramo queda integrado dentro de la red básica de la Comunitat, podrán garantizar la funcionalidad de la misma, y quedar "adecuadamente articulada con las vías de igual o superior nivel jerárquico". Así, dicen que no es apropiado ceder la titularidad del tramo por lo que se "refiere a la defensa de los intereses generales -de integración, accesibilidad y vertebración-".

Cabe recordar que el área de Ingeniería del Ayuntamiento estimó en 14.161,38 euros “el coste de mantenimiento anual de los 1,8 kilómetros” en los que incluían la limpieza de imbornales y cunetas, reparación de la señalización vertical, refuerzo de la horizontal, bacheo, arreglo de pavimento. Y por otro lado, la inversión que debía hacer el Ayuntamiento “cada 12 años” para la pavimentación, fresado del firme y reposición de señalización la calcularon en 551.034,20 euros.