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La Comisión toma medidas para garantizar la incorporación de la legislación comunitaria.

La Comisión Europea ha decidido incoar procedimientos de infracción en relación con 14 Estados miembros por no haber incorporado a sus respectivos ordenamientos jurídicos una o varias directivas de un grupo de cinco relacionado con el mercado interior. La Comisión interpondrá un recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra Eslovenia y el Reino Unido por no haber incorporado la Directiva relativa a los fondos de pensiones de empleo. Asimismo, la Comisión interpondrá un recurso ante el Tribunal contra Portugal por no haber incorporado la Directiva relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito. Paralelamente, la Comisión ha decidido solicitar oficialmente a 12 Estados miembros – Bélgica, Chipre, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Malta, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido - que incorporen la Directiva sobre derechos de participación en el ámbito de los derechos de autor. Estos requerimientos adoptan la forma de «dictámenes motivados», que representan la segunda fase del procedimiento de infracción previsto en el artículo 226 del Tratado CE. Si en el plazo de dos meses la Comisión no recibe una respuesta satisfactoria, podrá interponer recurso ante el Tribunal de Justicia. Por otro lado, la Comisión ha decidido, con arreglo al artículo 228 del Tratado CE, enviar al Reino Unido y a Luxemburgo sendas cartas de emplazamiento en las que se solicita, respectivamente, la comunicación de todas las medidas de ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia relativa a la incorporación de la Directiva sobre reconocimiento de las cualificaciones profesionales en el territorio de Gibraltar, y la comunicación de todas las medidas de ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia relativa a la incorporación de la Directiva sobre normas contables. Por último, la Comisión se muestra satisfecha de que todos los Estados miembros hayan incorporado ya la Directiva sobre protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.